El pasado mes de diciembre de 2008, Urbano Fra, profesor
de la universidad de Extremadura, actualmente desarrollando
su actividad investigadora en la de Santiago de Compostela,
publicó en El Periódico de Calalunya
un artículo de opinión titulado "Poder débil y bofetadas a Casandra",
que reproducimos a continuación por cortesía de este periódico.
Poder débil e labazadas a Casandra
En 1984, el Tribunal Supremo de Colorado (EEUU) amparaba
el derecho a la libre expresión en la campaña ciudadana
contra la construcción de un centro comercial en un
espacio natural, desestimando la querella de la empresa
promotora en el caso POME. Esto dio un vuelco radical
a una era de procesos judiciales de promotores inmobiliarios
contra ciudadanos contestatarios, en los que reclamaban
multimillonarias indemnizaciones por una pretendida
vulneración del derecho de iniciativa empresarial.
En estos últimos años observamos igualmente en España
un goteo de reclamaciones de daños por parte de promotores
o industriales: la urbanización de un espacio protegido
en Ronda (Málaga), un hotel en la costa de Almería,
una piscifactoría en el dominio público litoral en Galicia
y la simulación gráfica de Greenpeace de la elevación
del nivel del mar en La Manga del Mar Menor (Murcia).
Todos los casos tienen el mismo patrón: una empresa
que demanda a un ciudadano o a una asociación por difamación,
atentado a su imagen, perjuicio patrimonial o interferencia
en su actividad empresarial. Los profesores de la Universidad
de Denver Penelope Canan y George Pring, especialista
clave en el éxito judicial del caso POME, acuñaron para
definir esto el término SLAPP, en la obra
"SLAPPs, Getting Sued for Speaking Out"
("Bofetadas sic, demandado por atreverse a hablar").
